Mauricio Pava Lugo[1]
Hago parte de la última generación que estudió en los libros de la constitución de Núñez y Caro; pertenezco a los abogados “modelo 95”. Precisamente, por esa razón ─desde la provincia─ conocíamos las decisiones de la Corte en unos extractos bimestrales que nos llegaban desde Bogotá. Por supuesto, esto sucedía si teníamos la suscripción de Legis, o si ─como en mi caso─ nuestros profesores nos enviaban la relatoría para cazar buenas sentencias. Hice trabajos en máquinas de escribir; asistíamos a las audiencias escogiendo previamente libros que llevaríamos para hacer las citas en las intervenciones. Vimos llegar los primeros computadores a las oficinas de nuestros profesores; nos especializamos en Wordstar, Wordperfect y Lotus. Cuando íbamos a audiencias a pueblos lejanos, concluíamos la intervención, íbamos a Telecom y llamábamos a reportar desde la cabina telefónica.
Hoy, la situación es otra, no sólo porque contamos con internet y telefonía celular, sino porque la tecnología ha superado todas nuestras expectativas. Tuve la oportunidad de acercarme a Legaltech 2020 en Nueva York. En mi visita, comprobé lo que Robert Oppenheimer refiere en sus escenarios futuristas: robots que hacen masivamente contratos, que resuelven consultas y trámites legales por miles; modelos de predictividad para conocer las posibilidades de ganar un caso, o para predecir y medir la eficiencia, y eficacia de firmas y de abogados. Algoritmos legales manejados por ingenieros. ¡El futuro ha llegado y los abogados estamos desplazados!
En Colombia, la Fiscalía tiene a Watson, entre otras cosas, para asociar casos y apoyar la sección de análisis criminal. Igualmente, está ensayando Prisma para la predictibilidad de reincidencia y, de allí, la necesidad de medidas de aseguramiento. La Contraloría cuenta con Océano para monitorear la contratación estatal y generar alertas al respecto de posibles irregularidades. La Corte Constitucional, por su parte, hace uso de Prometea con el fin de optimizar el proceso de selección de tutelas, entre otras funciones.
Así las cosas, nos llegó la hora de reinventarnos, para no ser unos “Blockbuster”. Por supuesto, la pregunta es cómo reinventarnos y hacer parte de la cuarta revolución industrial. Existen tecnologías que se encuentran a la mano de cualquier oficina de abogados: expedientes electrónicos, información en la nube, categorización de conceptos, minutas e intervenciones, programas de horas que permiten medir la métrica de gestión en cada caso, por cada abogado y la firma en general respecto de cada cliente. La información ordenada y los procesos de gestión nos permitirán prepararnos para los modelos de acción que vendrán.
Ahora bien, no se trata sólo de “gastar toda nuestra caja” en un montón de tecnología, sino en capacitarnos constantemente y aprovechar todo lo que las otras áreas del conocimiento tienen para ofrecernos. Como abogados, siempre hemos sabido que nuestras bases epistemológicas se pueden encontrar en la filosofía, en la sociología y hasta en la historia. No obstante, debemos escuchar con atención lo que tienen que decirnos las ciencias computacionales, las ciencias del lenguaje y hasta las neurociencias, por nombrar unas de las tantas disciplinas que aportan hoy a la práctica del derecho.
La necesidad es clara: debemos fortalecer los esquemas de gestión de conocimiento y las intervenciones de los abogados frente a los riesgos futuros de nuestros clientes, más que servirles sobre la base de las experiencias pasadas. No sé si el tiempo presente es mejor o peor, pero claramente es distinto y con un sin número de retos a la orden del día, los cuales ameritan toda nuestra capacidad de adaptación.
En esta entrega de Primera Línea
Para nuestra primera entrega del 2020 contamos con la concurrencia de excelentes columnistas que abordan temas de suma relevancia en la realidad práctica del Derecho Penal. Así, en la columna de Actualidad la escritora desarrolla la competencia de la JEP para estudiar los deberes empresariales en el postconflicto. Participación de toda la importancia en la coyuntura actual que esta enfrentando el país.
A la par del anterior artículo, publicamos en este boletín una columna producto de una valiosa colaboración, en la que se trata Compliance y auditoría interna, con su respectiva correlación. Investigación que sirve para constatar tanto las similitudes como las diferencias entre estas dos importantes figuras. Estudio que resulta necesario, en consecuencia a los constantes cambios en el entorno de los negocios que se ha vuelto complejo por la constante publicación de normas.
Finalmente, en nuestra columna de entre líneas el columnista aporta una oportuna investigación acerca de la responsabilidad penal de la empresa en Colombia. Esta contribución estudia detalladamente temas como la conveniencia y los diferentes principios que se deben tener en cuenta para determinar si hay lugar a la aplicación de la responsabilidad penal en las personas jurídicas dentro de nuestro país.
[1] Abogado de la Universidad de Caldas, Curso Universitario Superior en Compliance de la Universidad de Barcelona y Especialista en Casación Penal de la Universidad La Gran Colombia; conjuez de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia; conjuez del Consejo Nacional Electoral. Miembro de la comisión asesora para la Política Criminal del Estado Colombiano; miembro de la comisión de expertos de la Corporación Excelencia en la Justicia; presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal – Capítulo Caldas; asesor para iniciativas legislativas en materia penal del Ministerio de Justicia y del Derecho (2015) y en la Cámara de Representantes para reformas al Código de Procedimiento Penal (2013-2018). Tiene experiencia como docente de pregrado y posgrado en varias universidades. Director del Boletín Académico “Primera Línea”.