En el trimestre pasado, vimos una explosión normativa que, aunque entendible, torna muy difícil hacerle seguimiento a los nuevos y especiales deberes de cumplimiento.
En el fallo de tutela T-043 de 2020, la Corte Constitucional hizo una aproximación a la prueba electrónica, a propósito de la cual aclaró que los pantallazos impresos, como los del WhatsApp, pueden llegar a considerarse una prueba indiciaria dentro de un proceso.
La reciente decisión en el caso de Hidroituango ante la JEP ofrece la situación ideal para reflexionar sobre los deberes empresariales frente a las víctimas del conflicto armado en el marco de la justicia transicional.
La Corte Suprema de Justicia analizó los elementos de la imputación objetiva, y reiteró y actualizó los presupuestos necesarios para imputar jurídicamente un resultado.