En reciente sentencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aclaró su línea jurisprudencial al diferenciar entre consumación y agotamiento del tipo penal de fraude procesal a efectos de determinar el comienzo del término de prescripción.
En concordancia con la actual agenda legislativa, el gobierno nacional, al igual que la Procuraduría General de la República, han dejado en evidencia de forma clara el designio de implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En vista de ello, el riesgo reputacional y operacional de las organizaciones se encuentra en aumento. La implementación de un programa de cumplimiento es el mecanismo idóneo y útil para evitar esta clase de situaciones.
La aplicación de un dispositivo amplificador de la conducta como la tentativa en el delito de administración desleal aumenta la atención en el desempeño todos los miembros de un ente corporativo privado.
La propuesta de incorporar documentos por inventario en sede juicio oral puede solucionar la problemática actual.