Las criptomonedas son plataformas digitales que se pueden prestar para el lavado de activos. ¿Tiene esta situación alguna solución?
En concordancia con la actual agenda legislativa, el gobierno nacional, al igual que la Procuraduría General de la República, han dejado en evidencia de forma clara el designio de implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En vista de ello, el riesgo reputacional y operacional de las organizaciones se encuentra en aumento. La implementación de un programa de cumplimiento es el mecanismo idóneo y útil para evitar esta clase de situaciones.
Un programa de compliance adecuado debe contemplar, no sólo los factores objetivos de riesgo relacionados con el actuar empresarial, sino también aquellos de índole subjetivo, como los sesgos cognitivos del personal inculcados por las dinámicas de grupo.
MPabogados radica acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 40 y 44 (parcial) de la Ley 1826 de 2017 “por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado”