La tensión entre el deber de vigilancia empresarial y la intimidad del trabajador resulta ser una coyuntura en donde la extralimitación del deber por parte del empleador puede vulnerar ese derecho fundamental del subordinado, lo cual genera consecuencias jurídicas de orden penal y extrapenal que deben ser asumidas por el empresario.
El deber de denunciar es una obligación constitucional y legal. En su desarrollo jurídico-penal, se establece una diferencia entre los particulares y los servidores públicos. Sin embargo, no sucede lo mismo entre una persona natural y una jurídica, siendo éste un vacío que requiere atención.
Se ponen de presente las diferentes concepciones de la prohibición de regreso, su aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano y la importancia de la normativización de los criterios de la prohibición en el ámbito empresarial.
Desde ninguna óptica, compatible con nuestro actual modelo constitucional, puede el Estado convertirse en un instigador o provocador de actos delictivos y mucho menos para cumplir con fines investigativos.